ZTE pagará una multa de US$892 millones por violar leyes de exportaciones
Si algo es firme en Estados Unidos es su política de comercio tanto interior como exterior. Las pocas leyes que ofician de embajadores estatales en el terreno del mercado son guardianes del constante flujo comercial y harán cualquier cosa para que se mantenga así. No obstante, Estados Unidos también tiene sus pruritos acerca de con quién comerciar y con quién no. Para empezar, es sabido que el país del Tío Sam no aprueba las políticas de armamento nuclear de Irán y Corea del Norte y las repercusiones de esa disensión se atestiguan en sus reglamentos de exportación.
ZTE es una compañía china que tiene una de sus sedes de occidente en Estados Unidos y que trabaja constantemente con empresas norteamericanas para abastecer su cadena de producción. Siendo así, se desprende como corolario que esos componentes no pueden entrar terreno prohibido. ZTE optó, durante cinco años, ignorar esas normas de comercio, importando los componentes norteamericanos (procesadores Qualcomm, por ejemplo) a China y, desde allí, vendiendo equipos ensamblados a Corea del Norte e Irán. ZTE reconoce su culpabilidad en este delito e inmediatamente admitió la multa que le fue impartida, así como el acuerdo al que tuvo que llegar para controlar que no vuelva a suceder.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dictaminó que ZTE tendrá que pagar una multa de US$892 millones en adición a suscribirse a un nuevo acuerdo de importaciones. Además, si ZTE llegase a violar este acuerdo, tendría que pagar US$300 millones adicionales. Esa es tan solo una de las cláusulas del acuerdo.
Otra de las cláusulas estipuladas en el acuerdo establece que ZTE tendrá que tener sus prácticas importadoras monitoreadas durante un período de tres años y comprometerse a colaborar con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos si de esas prácticas llegase a resultar un delito. Otra cláusula establece que ZTE tendrá que soportar una suspensión de los privilegios de exportación durante 7 años si este acuerdo llegase a violarse o si otros delitos surgieran de estas prácticas.